En el país hay una cantidad de disputas por la imposición de un modelo productivo que vulnera los derechos soberanos del pueblo y que se apropia de nuestros recursos naturales, al igual que sucede en toda nuestra región. Los bonos de carbono con los que se intenta mercantilizar los recursos naturales nos muestran que la deuda externa y la presencia del FMI están asociadas a nuestros recursos. El endeudamiento es la posibilidad de las corporaciones para profundizar el extractivismo.
La Federación Argentina de Medicina General, asociación científico-académica que representa a los equipos de salud del Primer nivel de atención, y que lucha por las condiciones de salud de las diversas comunidades que habitan el territorio nacional, manifiesta su repudio por los actos de avasallamiento a la democracia y la violencia que el gobierno de Mariano Arcioni ha ejercido sobre el pueblo chubutense.
En el día de ayer se votó entre gallos y medianoche la ley que permite la explotación mega minera en el territorio de Chubut, para lo cual debieron reprimir al pueblo y desprestigiándose al máximo quienes desde el gobierno local debieran representar los intereses del pueblo, la defensa de la vida y los recursos de la provincia y priorizaron en cambio sus negociados.
El gobierno de la provincia de Chubut logró que se aprobara la norma que habilita la puesta en marcha de la actividad extractiva en la provincia de Chubut, que tiene como insignia al yacimiento Navidad de la multinacional Pan American Silver. El debate legislativo dejó expuesto su negativa a escuchar a la sociedad y a la comunidad científica, y también el respaldo del gobierno nacional a la minería. Tras una noche de represión y cacería de asambleístas y opositores, el gobernador Arcioni promulgó la ley y las asambleas de la provincia se encuentran movilizadas para exigir la derogación.
Esta ley afecta a los derechos de los pueblos indígenas y su derecho a la consulta previa, libre e informada como se desprende del art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y del Convenio 169 de la OIT, siendo esta instancia inclumplida antes de la presentación del proyecto. Además, es violatorio del Acuerdo Escazú, acuerdo regional de protección ambiental, ratificado por el Congreso Nacional y que entró en vigencia en abril de este año y que garantiza a las y los habitantes tener acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones que puedan afectarles, como el acceso a la justicia ambiental.
A todo esto, se suman las constantes represiones a los pueblos mapuches en recuperación territorial y la criminalización de sus derechos reconocidos por la Constitución Nacional. Son los pueblos originarios quienes son un obstáculo para las grandes corporaciones y sus negocios.
Por todo ello la FAMG, a través de su Grupo de Salud Socioambiental, solicita a todas las comunidades y a todos los equipos de salud que defienden el derecho a la salud que se manifiesten y exijan por justicia y paz social en los territorios
¡Sí a la democracia, no a los negociados!
¡Si a que quienes, desde los ámbitos gubernamentales y legislativos, deben defender los intereses del país garantizando la calidad de vida de hoy y de las futuras generaciones lo hagan, sin priorizar sus intereses personales!
¡Si al cese del extractivismo y entrega de nuestro territorio y nuestro pueblo al FMI!
¡Sí a un país de pie!
¡Sí a la vida!
Grupo de Salud Socioambiental
FAMG