Desde la Federación Argentina de Medicina General queremos manifestar nuestra preocupación por el severo impacto en la salud de la ciudadanía que tendrán las medidas del gobierno nacional, algunas de las cuales ya empiezan a manifestarse y de continuar por el camino anunciado golpearán duramente a los sectores sociales más vulnerados y a la sociedad en su conjunto que será sin dudas afectada también por estas medidas arbitrarias.
La ley enviada al Congreso Nacional y el DNU recientemente presentado incluye 61 de los 366 artículos vinculados a cuestiones de salud, lo que representa un 16% del total, un porcentaje para nada despreciable. La desregulación de obras sociales rompe con el principio de solidaridad, haciendo que sus ingresos puedan ser transferidos a las prepagas, las que ofertan servicios según capacidad de pago de masa afiliada mediante diferentes planes, carencias y edad, con el irremediable debilitamiento y/o desaparición de muchas de las obras sociales, sobre todo las provinciales. Este principio de solidaridad aseguraba que los recursos de los trabajadores/as de cada sector, proporcionales a sus ingresos, fueran utilizados según necesidades de salud de sus aportantes, es decir iguales servicios para toda la masa afiliada, sin importar del salario percibido, incluyendo intervenciones de alto costo. La incorporación de una lógica mercantil de oferta-demanda a este sistema no hará más que aumentar las brechas de inequidad en la atención de la población a la vez que fortalecerá a los actores del complejo médico-industrial. La no obligatoriedad de hacerse responsables por la reubicación de estos usuarios/as en otras instituciones (ante el quiebre comercial de empresas de medicina prepaga) pone en severo riesgo a aquellas personas que, por su edad o condiciones previas, no podrían acceder a otros servicios cómo el que recibían. Este hecho a su vez redundaría en una sobredemanda a los servicios de salud pública, la cual sin financiamiento para esta población produciría una lógica disminución en la accesibilidad y la calidad de atención. Sumado a esto la inexistencia de un Estado que oficie como mediador o salvaguarda de los derechos de la ciudadanía, deja a merced de las leyes del mercado un derecho básico como es la salud.
En segundo lugar, las desregulaciones de las actividades farmacéuticas implican serios riesgos para la salud en general ya que habilita por un lado la venta libre de medicamentos en la vía pública, fuera de los controles de calidad necesarios para su dispensa, a la vez que permite que personas sin título habilitante puedan proveer estos insumos a la población, debilitando el rol profesional de farmacéuticos/as y abriendo la puerta a la puesta en circulación de medicamentos falsos o adulterados. Además, los costos de los medicamentos, que aumentaron exponencialmente frente a las medidas devaluatorias, implican ya para muchas personas la imposibilidad de continuar tratamientos y/o la búsqueda de nuevas estrategias para su adquisición en la salud pública, lo cual significa un crucial desafío para sistemas sanitarios que se verán debilitados en su financiamiento debido a la disminución de los recursos coparticipables. Nuevamente, los ganadores de estas modificaciones serán los grandes laboratorios quienes además presionan para la desaparición de la actual industria pública de medicamentos y las innovaciones futuras sobre especialidades de alto coste.
Por otra parte, queremos advertir de los efectos del brutal ajuste económico y la eliminación de algunas áreas estratégicas del Estado en la salud integral de las/os argentinos. El congelamiento presupuestario implicará una fuerte restricción al sostenimiento de programas nacionales importantes para la salud como las enfermedades crónicas como el cáncer o el HIV/SIDA, las inmunizaciones y la salud sexual y reproductiva, entre otros, que muchas provincias y/o municipios no estarán en condiciones de afrontar con sus recursos locales. Además, vale señalar que la eliminación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad tendrá efectos también en la atención en salud, dado que la morbi-mortalidad vinculada a la violencia de género implica un abordaje intersectorial necesariamente. También la liberación de explotación de nuestros recursos naturales tendrá efectos negativos sobre la salud socio ambiental de nuestras comunidades. La salud, en tanto concepto multidimensional, se verá por tanto afectada integralmente.
Estas políticas junto al cercenamiento del derecho a la protesta de sectores laborales esenciales como el sistema sanitario implicarán sin dudas para las/los trabajadores de salud afrontar un verdadero tsunami, tanto en el aumento de atención de la demanda de la población como por los efectos negativos en términos de padecimiento subjetivo que ya empieza a manifestarse en las consultas. Sin pretensiones de hacer futurología sino basándonos en nuestra experiencia de otros momentos históricos alertamos sobre la afectación que esta situación tendrá sobre nuestros escenarios cotidianos. Como Federación seguiremos defendiendo un sistema de salud público, solidario, equitativo y desmercantilizado y nos convocamos como trabajadores/as y ciudadanos/as a debatir, a visibilizar nuestros reclamos, acompañar a nuestras comunidades, pensando estrategias juntos/as, articulando nuestras redes. Más que nunca la salida es colectiva.
Mesa Directiva Nacional - FAMG
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